Pasado, presente y futuro del sistema público de pensiones

Esta recopilación de textos que tienes en tus manos, está realizada por varios compañeros del Sindicato de Oficios Varios de Salamanca (CNT-AIT). Se han creado bajo el calor del debate, ante la problemática de los continuos recortes que asumimos los trabajadores-parados-estudiantes-jubilados. Con este dossier, le toca el turno a la “profunda” reforma de las pensiones que han pactado el gobierno, patronal y sindicatos oficiales.

Esta reforma se está mostrando,no como una modificación coyuntural del sistema de pensiones, sino como resultado del sistema económico capitalista español. Este sistema se mantiene bajo un yugo a la clase trabajadora. Este sistema aspira a la mayor acumulación de riquezas, por parte de los que ejercen el poder y el control (Políticos, patronal, bancos,…). El objetivo de la patronal y del gobierno es evidente: aprovechar la situación económica para imponer el máximo de ajustes posibles contra la clase trabajadora, con el objetivo de recuperar la rentabilidad perdida tiempo atrás, cuando tenían que responder al empuje de la clase trabajadora con mejoras sociales. Ahora tratan de someter aún más las rentas salariales de los trabajadores, es decir crear una clase precaria, que se vea sometida a las leyes del mercado y que tengamos que competir entre nosotras simplemente por sobrevivir.

El análisis y reflexión de esta reforma entra dentro de una campaña en contra la reforma de las pensiones impulsada por CNT en toda la geografía española. Este texto se enmarca dentro de un conjunto de acciones, como charlas, manifestaciones, denuncias publicas, que tienen la finalidad de que la clase trabajadora, sin intermediarios, vaya organizándose para detener esta destrucción salvaje de sus derechos. Además, debemos tomar conciencia de la capacidad que la clase trabajadora de asumir la responsabilidad, a la hora de afrontar los problemas que se le presentan.

[spoiler title=”Orígenes de los sistemas de autoprotección y del Estado de Bienestar”]

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Creemos que es importante tener una perspectiva lo más amplia posible acerca de los acontecimientos a tratar. Entendemos, por tanto, que debemos presentar una amplia perspectiva de la evolución de los sistemas de pensiones. Para ello hemos echado la vista atrás para ver cómo se afrontaba la situación de sostener a gente mayor, que no podía valerse por si misma. A lo largo de los años se han dado múltiples soluciones a este “problema”, pero vamos a centrarnos en los últimos diez siglos, para ver el contraste entre una formas y otras de hacer viable la vejez digna.

Por un lado, hemos realizado un pequeño estudio cronológico sobre cómo las clases desheredadas (desde el campesinado hasta la clase obrera tradicional) han afrontado el “problema” de la vejez sin recursos. Las clases productoras siempre han tenido que ingeniárselas para adaptarse a las imposiciones del Poder, enfrentándose al mismo o adaptándose según el momento, pero siempre dejando un hueco para el apoyo mutuo y la solidaridad entre iguales.

Por otro lado hemos planteado la evolución de los “sistemas de pensiones” en manos de las clases poderosas. Hemos visibilizado el contraste entre las diferentes etapas, dominadas por diferentes ideologías y estructuras sociales, que han pasado desde las primeras etapas de una Beneficencia en manos de la Iglesia u otros estamentos con privilegios, hasta la etapa actual del llamado “Estado Social y de Derecho”.
Hemos querido centrarnos en la situación en el territorio español, pero también hemos querido tener como referencia la evolución en Europa de las maneras de afrontar a llamada “Cuestión Social”. Además, en Europa podemos encontrar referentes de modelos que se dirigían hacia el Estado Social, cuya adopción allí pudiera ser anterior a su establecimiento en España, debido a las características sociales de ésta.

Finalmente, hemos tratado de sacar algunas conclusiones sobre la evolución de los sistemas de asistencia a la vejez, que nos ayuden a detectar los por qué de cada modelo, tratando de hacer visible, por un lado la capacidad de la clase obrera de sostener a sus mayores, y por el otro, la implantación de un Estado Social como medio de control de la población y de erradicar cualquier cambio que sacara a quienes ostentan el Poder desde sus privilegiados sillones.

Debemos advertir también, que este es un estudio superficial del asunto, que trata de situarnos en la historia de manera que sepamos de dónde viene el actual sistema de pensiones, y las fases por las que ha pasado.

Evolución de los sistemas de solidaridad y apoyo mutuo de la clase obrera

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Conviene aclarar antes de entrar materia, que en este trabajo sólo nos dedicamos a una parte concreta de las relaciones entre las clases productoras. Por tanto, nos centraremos en las estrategias de solidaridad que se han desarrollado para hacer frente a problemáticas como la pobreza, que a partir de un periodo determinado podía estar muy relacionado con la vejez.

Cabe destacar que la estructura social ha dado muchos vuelcos en los últimos siglos. Vamos a realizar un pequeño repaso a los diferentes modelos de asistencia a la vejez, desde los tiempos posteriores a la caída del Imperio Romano hasta el final de la Dictadura Franquista.

En el territorio que hoy conocemos como España, la estructura social del siglo X estaba marcada por la agrupación de la población en aldeas. En la Alta Edad Media, pese a las condiciones difíciles que se pudieran vivir en las comunidades, las presiones de Nobleza y Clero, clases dominantes de la época, no podían ser tan extremas como en la actualidad, por lo que la población tenía más autonomía en ciertos aspectos. En estos momentos, la vejez no supone un problema tal y como lo podemos entender hoy, pues eran la comunidad y la familia las que se encargaba de las personas que no podían trabajar, entre ellas los ancianos y enfermos. Hay que tener en cuenta que el escenario es muy diferente y que no cabía pensar en jubilaciones, por tanto la gente trabajaba hasta que podía hacerlo. Por tanto, el primero de los sistemas para solucionar el problema de la vejez eran comunitarios.

A medida que la población, debido a las hambrunas y la presión de los terratenientes, se iba concentrando el las ciudades, la Nobleza y el Clero aumentan su poder y control sobre la gente. Al juntarse muchas manos en poco espacio, y no tener modo de sustento, la pobreza, tal y como hoy la conocemos, toma forma. Las personas ancianas residentes en las ciudades que no podían trabajar, estaban indefensas, puesto que se habían roto los lazos comunitarios que antes le sustentaban. Aún así, hasta el asentamiento definitivo de la estructura social feudal y el incipiente surgimiento de la burguesía, la vejez se mantenía sustentada en la aldea y la comunidad.

A partir del siglo XIV surgen las primeras manifestaciones de trabajadores asalariados. Jornaleros, herreros, cosechadores… Forman parte de una nueva clase social, que no depende de sí misma para vivir, sino de la venta de su fuerza de trabajo por una cantidad de dinero, que normalmente no va a cubrir todas sus necesidades. Para defender sus intereses, en este caso de manera corporativa, comienzan a organizarse en gremios o cofradías, muchas veces al amparo de órdenes religiosas, no como muestra de sumisión al poder eclesiástico, sino como medida para esquivar la represión. Cabe destacar que las primeras asociaciones gremiales y hermandades no eran organizaciones de clase, ya que se unían propietarios de pequeños talleres con sus aprendices. También cabe destacar que este modelo organizativo era más frecuente en las ciudades y entre los artesanos, que en el campo y entre los jornaleros, que seguían manteniendo las estructuras comunitarias anteriores. De todos modos, las estructura gremiales dan un nuevo enfoque a la solución de los problemas de la falta de trabajo y la vejez, planteando la recaudación de dinero por parte de los socios para futuras necesidades. Tenemos pues una segunda forma de afrontar el problema de la vejez: aportaciones económicas de comunidades de trabajadores del mismo sector.

No es hasta el siglo XV cuando se generalizan las organizaciones gremiales: sastres, zapateros, horneros y panaderos…Con el tiempo, la brecha entre maestros y mancebos se hace más evidente y cada cual forma sus propias organizaciones, al darse cuenta de que sus intereses son antagónicos. Se mantiene sin embargo la estructura de ayuda mutua: asistencia en enfermedad, fallecimiento, vejez incapacitante, socorro a viudas, entierros…

Ya en el siglo XVII, y según muchos autores como continuidad y evolución necesaria de las sociedades gremiales, comienzan a surgir las Sociedades de Socorro Mutuo. Habiéndolas de muchas procedencias (empresariales, eclesiásticas, etc), nos centraremos en señalar que muchas dependían directamente de las clases productoras. La finalidad del Apoyo Mutuo seguía presente en estas organizaciones. Además agudizaban la función reivindicativa, planteando y luchando por mejoras en sus condiciones laborales y sociales. Sociedades de Socorros o Mutualidades sobreviven a día de hoy, sólo que con perspectivas distintas y dominadas por gente con pocos intereses solidarios.

La evolución de las organizaciones obreras da lugar a las Sociedades de Resistencia y más adelante a los sindicatos y otras sociedades obreras. En el siglo XIX, en el que recordemos se implanta la sección española de la Internacional, se extiende la idea en muchas organizaciones, de buscar no sólo un cambio en las condiciones de vida, sino un cambio total en la estructura social. Las formaciones de la clase trabajadora más avanzadas buscan la destrucción del sistema establecido, pero no se deja de lado la solidaridad y el Apoyo Mutuo, que aparentemente pasan a un segundo plano, detrás de la lucha por la emancipación de la clase trabajadora y de la destrucción de la sociedad de clases. Pese a ello, las organizaciones de trabajadores crecen y es más sencillo hacer efectivo el apoyo a los miembros de la comunidad que no pueden trabajar por su avanzada edad. Entre el final del siglo XIX y el principio del XX, un Estado ya configurado y creciendo en influencia y control, determina que tiene que tomar cartas en el asunto de la pobreza, puesto que le supone un grave problema social, que en un momento determinado puede descontrolarse. Asume entonces una serie de responsabilidades en torno a las necesidades de la clase productora. Las reacciones de las organizaciones obreras son de desconfianza, aunque debido a la “insistencia” del Estado, termina por imponerse. Sin embargo se mantienen las Mutuas Obreras y Sociedades de Socorros, aunque se perfecciona una red legal para su control estatal.

Durante la etapa franquista, las sociedades obreras y de socorros mutuos que no habían sido destruidas, se agruparon bajo el paraguas de la Ley Montepíos y Mutualidades de 1941, tomando así el Estado el control sobre la vejez y otras circunstancias incapacitantes para el trabajo. La clase trabajadora reacciona, porque no lo queda más remedio, recuperando o dando más importancia a la solidaridad que partía de las familias, las amistades, el barrio… Conviene destacar que entre la población rural, las costumbres de vida comunitaria permitieron que las viejas estructuras de solidaridad y apoyo mutuo se mantuvieran vivas. Según varios autores y compañeros de la CNT que vivieron en las colectividades de los años 30, estas costumbres permitieron que el tránsito desde la sociedad influenciada por el capitalismo, hacía la sociedad comunista libertaria, fuera mucho más sencillo.

Con esta cronología pretendemos hacer un sencillo repaso a los modos que han tenido las clases productoras de enfocar y enfrentar sus problemas, o en este caso, sus circunstancias. Y es que la vejez no suponía un problema hasta el momento en que las personas comenzaron a convertirse en asalariados, ya que la cobertura social que les proporcionaba la comunidad o la familia les permitía estar tranquilos con respecto a esa etapa de sus vidas.

Hemos pretendido dejar lo más claro posible que la forma que han tenido siempre las clases productoras de afrontar sus problemas es la unión, la solidaridad y el apoyo entre iguales. Desde las comunidades aldeanas, hasta los sindicatos revolucionarios y el anarcosindicalismo, hemos sido capaces de crear sistemas para resolver nosotras mismas nuestros problemas. Entendemos, por tanto, que si conseguimos recuperar una verdadera unión de la clase trabajadora, bajo el paraguas de una organización como la CNT, podremos volver a ocuparnos de un asunto como la vejez, que puede suponer un problema grave en no demasiado tiempo.

Evolución de los sistemas de beneficencia y asistencia social controlados por el Poder establecido

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La evolución histórica de los servicios sociales se puede dividir en varias fases, en las que el poder ha estado modificando las maneras de hacer frente a las necesidades sociales existentes.

La primera fase, se desarrolla hasta la Edad Media y está basada en la Caridad. Fundamentalmente nace de la mano de las religiones. Estos valores se inculcan a los campesinos y demás clases sociales, en las Iglesias y en los diferentes medios de difusión de ideas, usados por las religiones en aquellos momentos. Era simplemente una manera de paliar lo más grave, pero no se intentaba resolver del todo de manera que el problema desapareciese, y esto sucedía porque no se abordaban las causas principales que lo ocasionaban. Y también porque la desigualdad entre clases siempre estaba recalcada en todos los ámbitos de la vida. En la Novísima Recopilación o Partidas, se establecía que el clero, la nobleza y el Rey, debían atender a los pobres que acudiesen a pedirles ayuda. Esto no significaba que todos los reyes, el clero y la nobleza, cumpliesen esta ley.

La segunda fase, se puede ubicar en el S.XVI, con el Humanismo del Renacimiento. Es mediante la Beneficencia pública que se evoluciona y se buscan otras maneras de paliar los problemas. La Beneficencia pública consistía en la prestación de lo mínimo a los necesitados, para subsistir. Esto se hacía a partir de fondos públicos o privados. La beneficencia no generaba derechos, pero es en esta fase cuando comienza la intervención pública frente a las necesidades de la población. Hay una serie de aportaciones de los siguientes autores tratadistas, que influirán en los siguientes siglos. Estos son: Juan Luis Vives, Domingo de Soto y Cristóbal Pérez de Herrera. Ya en el S. XVII se empieza a vincular el tema de la pobreza con los problemas globales, llevando a la conclusión de que los problemas son colectivos.

La tercera fase comienza en el siglo XVIII, con la asistencia social a través de un sistema público organizado de Servicios e Instituciones Sociales, cuyo fin es ayudar a personas y grupos necesitados. Es ya una ayuda dirigida a cubrir las necesidades básicas. A través de las desamortizaciones a la Iglesia, el Estado comienza a tener más importancia y a intervenir en un problema social que se le puede ir de las manos, perdiendo así la Iglesia protagonismo. La revolución industrial y la revolución política, influyen decisivamente en la respuesta pública ante los problemas sociales.

La cuarta fase partiría desde el S. XIX, momento en el cual coexisten la beneficencia con la asistencia social. Con la Constitución de las Cortes de Cádiz de 1812, se aprueba la ley de Beneficencia en 1822, y posteriormente otra en 1849.

Pero es en la segunda mitad del siglo XX, con el influjo del movimiento obrero, el socialismo, la aparición de los partidos y la creación de sindicatos, cuando se acelera y se recalca el intervencionismo estatal en toda la materia social.

En 1883, en España, se crea la Comisión de Reformas Sociales, que es el germen de la legislación social y asistencial posterior. En 1903 se crea el Instituto Nacional de Previsión, y con él, después se crean los seguros sociales. Posteriormente, se crea la Seguridad Social. Es así, que en este momento en España coexisten: la Beneficencia, la asistencia social, los seguros sociales y la Seguridad Social.

Con las dos guerras mundiales el intervencionismo estatal adquiere aún más fuerza, y lleva a una internacionalización de las cuestiones sociales. Es por ello que se crean organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, que será clave para la homogenización de la legislación social.
Después de la segunda guerra mundial, también aparecerá el Estado de bienestar. En España, con una situación de posguerra y tras el intento revolucionario de una gran parte de la población, hay una dispersión administrativa y coexisten diferentes sistemas de prestación de asistencia. El Franquismo trata de dejar todo el sistema social bajo su control, por lo que España tuvo un retraso respecto a otros países en la implantación de los Servicios Sociales, ya que antes de crear, debían destruir otras formas de solución de los problemas sociales que el régimen no pudiera controlar.

La constitución del 1978, introduce dinámicas sociales y prácticas materiales. Los poderes públicos realizan desde entonces una función promocional del bienestar social. Ya en 1985, la Ley de Bases de Régimen Local, refuerza la aproximación de los Servicios Sociales al ciudadano. El municipio ejercerá competencias en los términos de la legislación del Estado y las Comunidades Autónomas en las siguientes materias: Prestación de los Servicios sociales y de promoción y ayuda a la reinserción social.

En la actualidad, el Estado del Bienestar se encuentra en caída libre y las empresas privadas están empezando a tomar mayor importancia en el control de los servicios sociales, incluyendo las jubilaciones. También la sanidad estatal se está viendo deteriorada y en decadencia, algo fomentado por los distintos gobiernos, dados los intereses de las empresas privadas en la entrada a fondo en el “negocio” de la sanidad.

Justificaciones y relación entre la evolución de la beneficencia y las soluciones obreras a los problemas sociales

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Si nos atenemos a la estructura de la sociedad en el siglo X, podemos darnos cuenta de que sin la presión del trabajo asalariado, y con una cierta autonomía de las clases desheredadas en muchas cuestiones, el problema que podría suponer tener ancianos en la comunidad que no pudiesen trabajar, eran resueltos por los propios habitantes de las aldeas, aplicando el principio de solidaridad.

A medida que se avanza en el asentamiento de las ciudades y en su crecimiento, comienzan a surgir problemas que en otro momento no se tenían. Crece el problema social de la pobreza, que se ceba en muchas ocasiones en personas mayores o sin recursos, que no tienen redes de solidaridad en las que apoyarse. La Beneficencia, controlada en ese momento por la Iglesia, es la solución que se plantea al mencionado problema. Ésta, como es evidente, no trata de solucionar el problema, sino de aliviar los síntomas más visibles. Además, se considera la pobreza como un castigo Divino del que había que apiadarse. Más adelante, la Beneficencia toma carácter público, considerándose como un problema de carácter colectivo, pero sin atacar a sus raíces; no podía ser de otra manera, puesto que éstas consideraciones partían desde estamentos con Poder y no iban a tirarse piedras contra su propio tejado.
Siempre han existido las luchas por conseguir mayor justicia social. La situación rara es la actual, en la que apenas hay movimiento en ese sentido, en contra del Estado y las empresas, que son las que hoy nos tienen puestos de cara a la pared. Lamentablemente, las derrotas de la clase productora nos han llevado hasta donde hoy estamos. Dentro de éstas derrotas, hay que tener en cuenta que la asunción por parte del Estado de los Servicios Sociales se puede ver como una victoria obrera, pero también como una vía de escape del Estado y el Capital para salir airoso del combate.

Por otra parte, conviene observar el alzamiento de la clase burguesa. Nacida desde los artesanos con propiedades que ascendían en el escalafón social y político, utilizaron a la clase trabajadora para hacerse con la riendas del Estado. Éste cambio social trajo consigo una nueva manera de enfocar el problema social de la pobreza. Fuente de conflictos, entendían que había que acabar con ella, de una manera no traumática. Asumieron, pues, sistemas de Servicios Sociales, que no eran sino una manera de ejercer el control social necesario para mantenerse en sus posiciones.

En España no será hasta los inicios del siglo XX cuando el Estado decida definitivamente asumir el asunto de la creación del Estado de Bienestar. Observando el crecimiento, en número y en conciencia del Movimiento Obrero, podemos darnos cuenta de que la presión popular es la que “ayuda” a tomar la decisión a los Poderosos, antes de que les quiten de dónde están. El Estado acaba asumiendo cada vez mayor protagonismo en la atención a las necesidades más básicas de los obreros, eso sí, sacando el dinero del esfuerzo y los bolsillos de la propia clase trabajadora. Este crecimiento del Estado Social se detuvo durante la etapa del franquismo, que tenía que atender otros problemas, como el asentamiento de un férreo control social y la implantación de una nueva moral. A pesar de ello, durante esta etapa se crearon leyes que suponen la antesala del Estado de Bienestar que hemos llegado a conocer en España.

Otra de las cuestiones importantes a tener en cuenta respecto a la evolución en los sistemas de pensiones y del Estado del Bienestar, es el control social que ejerce el Poder al tener en sus manos los mecanismos de Intervención Social. El modelo de Estado paternalista permite tener controlado uno de los focos de descontento social más peligroso para su estabilidad. Se puede deducir, que manteniendo a la población bajo unos mínimos de supervivencia, garantizan en mayor medida la Paz Social, a pesar de que las condiciones de explotación se mantienen. El cambio de planteamiento entre la beneficencia, que se presentaba como un favor a los necesitados, hacia el Estado Social, presentado como un derecho de los ciudadanos, obedece simplemente a un cambio de estrategia en la manera de ejercer ese control social. Por tanto, es una salida del Poder que no se ha demandado, pero si le es interesante.

Todo esto entendemos que es necesario, o al menos útil, para conocer los orígenes del Estado de Bienestar y del sistema de pensiones. El actual estado de las cosas no es fruto de un día, sino de muchos años de cambios sociales, producidos por muchos factores que actúan sobre la realidad. Cuando observemos el actual estado del Sistema de Pensiones, tenemos que acordarnos de lo que hemos perdido, de quién lo controla actualmente, y sobre todo, darnos cuenta de que en otros momentos, la clase trabajadora tenían la capacidad de organizar la solución a sus propios problemas, aunque no siempre tuviera los medios necesarios.

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[spoiler title=”Historia reciente de la protección social en España”]

La concertación social en España (1978 – 2004)

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Uno de los rasgos de la concertación social, políticas que se vienen practicando en nuestro país, desde que fuera “reinstaurada” la democracia, ha sido el papel esencial que ha jugado el Diálogo Social y la Concertación Social a la hora de tomar decisiones dentro de los ámbitos social y laboral.

La Concertación Social supone un proceso de negociación entre el gobierno – central, regional, local – los sindicatos y las organizaciones empresariales sobre los diferentes contenidos de la política socio-económica del ámbito correspondiente, con el fin de concertar los distintos intereses de los intervinientes en orden a la estabilidad, el desarrollo económico y la paz social. La pretensión de esta negociación, al menos por parte estatal, no era otra que controlar las muestras de descontento sobre la situción social y laboral que se estaban dando en esos momentos, y asumir pequeñas mejoras en las condiciones sociales para, en el momento oportuno, eliminarlas, tal y como se está haciendo hoy día.

La Concertación Social es la herramienta política aceptada y utilizada no sólo por la casi totalidad de las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas en el ámbito estatal sino, además, por todos los gobiernos constitucionales. Mediante el diálogo social, el Gobierno, patronal y sindicatos se consultan y negocian sobre cuestiones de interés común. Si tenemos en cuenta que en ningún caso los intereses de patronal, empresarios y trabajadores pueden ser los mismos, o bien las negociaciones serían más bien luchas por conseguir mejoras para unos u otros, o bien serían simples cortinas de humo y distracciones para acallar las protestas obreras.

Los Pactos de la Moncloa

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Durante el periodo 1977-1984 se da un profunda transformación en las condiciones sociales y laborales. Este cambio viene marcado por el Pacto de la Moncloa y por la Constitución de 1978, que son a su vez frutos de la Concertación Social.

Los Pactos de la Moncloa fueron firmados en el palacio que les da nombre, durante la transición española, el 25 de octubre de 1977. Participan en este acuerdo de consenso el Gobierno de España, presidido en esos momentos por Adolfo Suárez y los principales partidos políticos con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, incluyendo entre ellos al PSOE y al Partido Comunista. Contaron con el apoyo de las asociaciones empresariales y el sindicato Comisiones Obreras (excepto algunas secciones sindicales del mismo) y el rechazo de la Unión General de Trabajadores (que finalmente lo firmaría) y de la CNT.

En realidad lo que se firman son las líneas generales de la evolución económica y política de la sociedad española del futuro, a través del “Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de las economía” y del “Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política”.

En cuanto al primero, que es el que más nos interesa en este texto, los firmantes entendían que había que llevar a cabo una reducción de los costes de trabajo para la empresa, mediante un menor crecimiento de las cuotas de la Seguridad Social. Además, como guiño a quienes avalaron este proceso de cambio social, se acordó llevar a cabo un progresivo control social de las prestaciones, con participación de los representantes de los/as trabajadores/as, de los/as empresariales/as y de las distintas fuerzas sociales. Lejos de suponer una ventaja, el control social ha creado más enchufismo, oscurantismo y corrupción en la gestión de los Servicios Sociales.

También se estableció un sistema de cotización con arreglo a criterios de progresividad, de eficacia social y de redistribución, en el que los trabajadores pagasen en función de su salario, y se estableciera un reparto que igualara las prestaciones. Aumentarían también los esfuerzos del Estado para financiar los Servicios Sociales, desde el 3,5% del presupuesto en 1997, hasta 20% en 1883.

En teoría, los Pactos de la Moncloa eran «el punto de partida de una nueva etapa», como decía literalmente su texto, pero la realidad es que estas pretensiones quedaron en papel mojado. La realidad económica, marcada por el neoliberalismo incipiente, y la social, marcada por la reducción en la conflictividad social y laboral, dejaron el camino libre para los recortes en condiciones sociales que sufrimos hoy día.
Mucha influencia en el desarrollo de los Servicios Sociales de la “nueva democracia”, tendría la Constitución Española de 1978. Destaca el artículo 41, por el que se asume por parte del Estado y de sus poderes públicos el mantenimiento de un “régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo”. Además, el articulo 50 establece que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”.
También en 1978 se produce una importante reforma en la organización y estructura de la Seguridad Social, que tiene como consecuencia la desaparición de organismos tan emblemáticos durante la época franquista como el Instituto Nacional de Previsión (INP), las Mutualidades Laborales y las Universidades Laborales, dando paso a otros nuevos, como el Instituto Nacional de Empleo (INEM), el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y Instituto Nacional de la Salud (INSALUD). Esto se materializa en el Real decreto ley 36/1978, de 16 de noviembre.

La llegada del PSOE al Poder

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Curiosamente, con la llegada al poder en 1982, del Partido Socialista Obrero Español, comienza un periodo de dinamización de la vida económica del país, que se traduce en un recorte del gasto destinado al bienestar social. Es a partir de 1982 cuando se hace un estudio riguroso de la situación de la Seguridad Social (coincidiendo con la salida del “Libro verde” de la Comisión Europea sobre sistemas de pensiones, documento en el que se plasma la evaluación financiera y administrativa de la Seguridad Social), y se realizan las primeras recomendaciones acerca de su estabilidad, que a día de hoy nos conducen a su, según los “expertos”, inevitable reducción.

También es el gobierno socialista el que elabora la Ley 26/1985, de 31 de julio, de Medidas Urgentes para la Racionalización de la Estructura y de la Acción Protectora de la Seguridad Social. Esta reforma consistió fundamentalmente en introducir condiciones más duras para acceder a la percepción de las pensiones contributivas (mayor periodo de cotización, quince años, frente a los diez años exigidos con anterioridad y el cálculo de la cuantía a percibir se haría sobre los últimos ocho años cotizados y no sobre los dos últimos como se venía haciendo). Además, la actualización dejó de tener como referente la evolución salarial y se limito a la evolución del IPC, con lo que a la hora de cobrar, se redujeron las cuantías de las pensiones. Esta reforma provoco la Huelga General de 24h en España, celebrada el 20 de junio. Fue convocada por CCOO y se sumaron USO, CNT/AIT, ELA-STV, INTG. Como podemos observar a día de hoy, poco se consiguió.

La base de estos cambios legislativos que comenzaban a darse, fue argumentada en el documento “Proyección económica-actuarial de los gastos e ingresos de la seguridad social 1985-1993”. Se atribuía el desequilibrio financiero de la Seguridad Social, a la reducción en la edad de la jubilación y la mejora en las expectativas de vida, entre otras razones. Por tanto, el comienzo de los cambios, a peor, de las prestaciones por retiro obrero, estaba servido. Más adelante, con la ley 8/1987 que regula el mercado de fondos de pensiones privadas, se establecían incentivos fiscales para su desarrollo, dando un paso importante hacia la privatización.

Por tanto, es en los 80 cuando se comenzaron a plantear las dudas acerca de la viabilidad del sistema, y a proponer el cambio del modelo de reparto hacia uno de capitalización. En realidad esas dudas eran interesadas, ya que ese mensaje se lleva mandando desde los ochenta y a día de hoy aún no han desaparecido; las pensiones siguen camino de su reducción, pero mantienen el mismo sistema. Los que si han dejado de pagar cotizaciones a la Seguridad Social son los empresarios, dejando el peso a los salarios de la clase trabajadora. Las reformas que se han planteado, se han orientado a la contención del gasto público, por un lado, y a la incentivación de los planes de privados de jubilación, por otro, mostrando así las intenciones de un cambio de modelo.

El Pacto de Toledo

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Al calor del dictado de las recomendaciones del Banco Mundial, que planteaban que los sistemas públicos de protección social se limitaran a garantizar un nivel mínimo de pensiones básicas, y que transformen sus sistemas de Seguridad Social en sistemas de seguros privados, se han ido redactando nuevas leyes en ese sentido. Así, en la década de los 90 destaca la Ley de Prestaciones no Contributivas de 1990: se establecen la universalidad de estas prestaciones y se financiarán mediante aportaciones del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social, garantizando de esto modo las pensiones a las personas con menos recursos, pero en cuantías que a día de hoy mantienen a sus perceptores en situación de probreza, según las estadísticas oficiales.

El 15 de febrero de 1994, el Pleno del Congreso de los Diputados, de forma unánime, aprobó 15 recomendaciones sobre el sistema de Seguridad Social y el Sistema de Pensiones. Estas recomendaciones se recopilaron en un texto que se denominó “Pacto de Toledo”. Se trataba de un informe donde se analizaban los problemas estructurales del sistema de Seguridad Social y se indicaban las principales reformas que deberían acometerse en los siguientes años, para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones y evitar mayores déficits en el presupuesto del Estado. El acuerdo significaba que todos los partidos políticos del arco parlamentario, estaban de acuerdo en el mantenimiento del sistema de Protección Social. En el texto se hacían recomendaciones que, lejos de dar garantías a la clase trabajadora de estar cubierta por un sistema que les permitiese no tener que preocuparse por su vejez, ahondaban en el discurso de la inestabilidad de las pensiones y en la insistencia de recortarlas, para no cargar al Estado con su peso.
Las recomendaciones se establecieron en quince puntos:

  1. Separación y clarificación de las fuentes de financiación, para meter en los Presupuestos Gerenales la parte correspondiente a las pensiones no contributivas, y dejar que sean las cotizaciones sociales las que paguen las pensiones contributivas. Se pasa, por tanto, de un sistema de reparto puro (el que corresponde a las pensiones no contributivas) a otro mixto, ya que las pensiones contributivas se cobraran en función de lo cotizado.
  2. Constitución de un Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
  3. Mejoras de las bases para que no se pierda poder adquisitivo.
  4. Financiación de los regímenes especiales, para que a igual acción protectora debe ser también semejante la aportación contributiva.
  5. Mejora de los mecanismos de recaudación y lucha contra la economía irregular, dotando de capacidades a los funcionarios del Estado para perseguir a los defraudadores. Casualmente, a por quienes siempre van es precisamente a por quienes menos tienen.
  6. Simplificación e integración de regímenes especiales, para reducir de manera gradual el número de los regímenes, salvo algunas excepciones, como la minería o la pesca.
  7. Integración de la gestión para dotar de mayor eficacia al sistema, a la hora de recaudar, distribuir, etc.
  8. Evolución de las cotizaciones, siguiendo el «Libro Blanco de Delors»: rebajando las cuotas empresariales a la Seguridad Social, con lo que el peso de las pensiones, como ya hemos comentado, cae sobre los hombros de la clase trabajadora.
  9. Sobre la equidad y el carácter contributivo del sistema. Se recomienda la ampliación gradual del periodo de calculo de la pensión, con el objetivo de que se tome en consideración la vida laboral completa del trabajador, reduciendo con ello las cuantías a recibir.
  10. Se plantea que la edad de jubilación debe ser flexible y dotada de los caracteres de gradualidad y progresividad. Por tanto, no sólo se aconseja el aumento de la edad mínima de jubilación, sino que se posibilita que la gente siga trabajando hasta que lo desee, algo que llaman vejez activa. Esto no lo hacen en pos de la libertad individual, sino para recaudar más impuestos y mover la economía. Tampoco es compatible esta postura con la idea del reparto de trabajo y la riqueza que desde la CNT difundimos. Menos mal que recomendaban mantener los sistemas de jubilación anticipada ligada a los contratos de relevo y de sustitución.
  11. Se recomienda el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones mediante la revalorización automática de las mismas, en función de la evolución del índice de precios al consumo.
  12. Se habla de reforzar las pensiones de orfandad y de viudedad, ajustando sus cuantías para no perder poder adquisitivo.
  13. Sugieren la necesidad de adoptar medidas destinadas a erradicar el fraude en las incapacidades temporales y resto de bajas laborales.
  14. Como ya han sentado las bases del sistema de pensiones privado, recomiendan fomentarlo como sistema complementario, que “ayude” a mejorar el nivel de prestaciones de la Seguridad Social.
  15. Se proponen que este pacto tenga continuidad, y cada cinco años se cree una ponencia para estudiar las situación del sistema.

Las consecuencias de la aplicación de las recomendaciones son un aumento de la edad de jubilación, un aumento de los años de cotización en el cálculo de la base reguladora y las penalizaciones e incentivos por adelantar o atrasar la jubilación.

El desarrollo normativo más significativo de dichas recomendaciones tiene tres momentos destacados, asociados a la promulgación de tres leyes: la Ley 24/1997, de 15 de julio, de consolidación y racionalización del Sistema de Seguridad Social; la Ley 18/2001 de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria. Esta norma ha sido derogada por el Real Decreto legislativo 2/2007, de 28 de diciembre; y la Ley 35/2002 de 12 de junio, de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible.

La primera de ellas llegó dentro del consenso del Diálogo Social, que culminó con un acuerdo firmado el 9 de octubre de 1996, por el Gobierno y las Organizaciones Sindicales de CC.OO y UGT; en dicho acuerdo, se hacía un estudio de las medidas que deberían llevarse al ordenamiento jurídico para dar cumplimiento a las Recomendaciones del Pacto de Toledo. Como medidas mas importantes de esta Ley, destacamos las siguientes:

  1. Estableció que las prestaciones de naturaleza no contributiva se financiasen con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, a la par que las contributivas fuesen financiadas con cargo a empresarios y trabajadores.
  2. Se amplió el período de cálculo para determinar la base reguladora, ampliándolo de 8 a 15 años. Se reduce la cuantía de la pensión de jubilación del 60% al 50% de la base reguladora a los 15 años cotizados.
  3. Revalorización anual automática de las pensiones en función al IPC.
  4. Creación de un Fondo de Reserva con cargo a los excedentes de las cotizaciones sociales.

La segunda, como decíamos derogada por el RDL 2/2007, establecía que los presupuestos del Estado, en su conjunto, debían contemplar la reducción del déficit, ese del que tanto no hablan hoy día, para equilibrar la balanza de pagos. En realiad, esta es la excusa perfecta para establecer reducciones del presupuesto asignado, por ejemplo, a cubrir la paga de las Pensiones.

La tercera Ley traslada al ámbito normativo el contenido de la Recomendación Décima del Pacto de 1995, al establecer la regulación de la jubilación parcial, fomentando la actividad laboral más allá de los 65 años de edad.

En definitiva, podemos observar que tras unos primeros años de “sistema democrático”, en los que todo parece indicar que las condiciones de la clase trabajadora van a mejorar, comienza el declive de la situación laboral y social. El triunfo de la la ideología liberal se hace patente y comienza la caída de un Estado de Bienestar, que por otra parte había durado bien poco. Con la inestimable colaboración, no sólo del PSOE, sino también de todos los partidos políticos participantes del Sistema Democrático, así como de los sindicatos que aceptaron los Pactos Democráticos, nos han colado reforma tras reforma, a cuál más regresiva.

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[spoiler title=”Las pensiones en el mundo”]

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En este apartado vamos a tratar de fijarnos en los actuales sistema de pensiones que existen en otras partes del planeta. Pretendemos conocer cómo se han modificado en los últimos años, y qué propuestas económicas han triunfado, relacionándolas con los políticos de turno y las ideologías dominantes.

En general, tras el deterioro de los Estados Sociales y la asimilación por parte del Poder de la mayoría de los elementos discordantes con el mismo, así como también la caída del contrapeso soviético, se ha comenzado a caminar por la senda de las reformas en los sistemas de pensiones, bajo la eterna excusa de la inestabilidad económica. El objetivo es cambiar el paradigma de pensiones colectivas hacia un sistema totalmente individual, de un sistema de reparto a un sistema de capitalización, y cubrir a la gente que no tenga acceso con pensiones mínimas o de beneficencia. En este proceso nos van a tratar de engañar usando lenguajes confusos, planteándonos como ventajas o salvaciones lo que no es sino retrocesos en nuestras condiciones de esclavos del capital. Si en las reformas laborales nos hablan de flexiseguridad, cuando quieren decir precariedad asegurada, en las reformas de las pensiones nos hablan de estabilizar la “caja”, cuando quieren decir gastar menos mientras las empresas y el Estado ganan más. No es una batalla puramente económica, como nos quieren hacer creer, sino que se trata de una guerra ideológica, es lucha de clases.

Las pensiones en Europa

Siguiendo la senda de Italia

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Este país mediterráneo, cuyas gentes han sufrido terrores similares a los que se han sufrido en España, viene llevando a cabo reformas en su sistema de pensiones, que marcan la línea que estamos siguiendo aquí. Con la excusa de la elevación de la esperanza de vida y de la “excesiva generosidad” de la cuantía de las pensiones, llevan años tratando de reducir el gasto en este apartado. Con la reforma de 1995 se pasó de un sistema retributivo, que tenía en cuenta para calcular la paga los últimos años de trabajo, a un sistema contributivo, que la calcula a partir de la vida laboral completa. Esto supone una merma en la pensión. Además se da un cambio de paradigma: la pensión pasa de ser una paga cubierta por todos los trabajadores en activo, a ser una parte de tu cotización individual a lo largo de tu vida laboral; se pasa de un planteamiento colectivo a uno individual.

Las reformas posteriores a 1995 han incidido en el avance de la edad de jubilación y en la promoción de un envejecimiento activo. A partir de 2012, todos los hombres, además de las mujeres funcionarias, se jubilarán a los 66 años. La mujeres del sector privado lo harán a los 62. A partir de 2018, la jubilación se concederá a partir de los 66 años a todo el mundo. Además, el sistema de pensiones italiano tiene lo que llaman “anomalía”; los trabajadores que tengan cotizados más de 40 años pueden jubilarse sin tener en cuenta la edad. Es decir, si una persona lleva desde los 15 años trabajando y tiene ahora 55, podría jubilarse. No obstante, las autoridades están intentando cargarse esta “anomalía”, para evitar que la gente se libre del trabajo asalariado tan pronto.

El modelo sueco

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En Suecia, a pesar de su gran tradición de control estatal en los servicios públicos, como sanidad o educación, se lleva tiempo transformando el Estado de Bienestar. Uno de los servicios que está sufriendo cambios es el sistema de pensiones. La transición se está dando hacia un nuevo modelo, basado en la dualidad entre el reparto (se pagan las pensiones con lo que se recauda de los trabajadores) y las cuentas nocionales o capitalización (cada trabajador ahorra su futura pensión de manera obligatoria). La reforma legal que permitió ahondar en este cambio la llevaron a cabo en colaboración los social-demócratas y los del centro-derecha, cuestión que nos puede abrir los ojos a la hora de valorar la estrategia de la política “oficial” como modo de cambiar la realidad.

El objetivo de este cambio, según los políticos y gobernantes, no es otro que la estabilización financiera del sistema de pensiones, para evitar que colapse. Lo mismo que nos dicen en España. En este sistema híbrido se mantienen las pensiones mínimas, de incapacidad y supervivencia bajo control estatal y garantizado por la recaudación, pero el resto de pensiones se ponen en manos privadas y se basan en el ahorro individual. Que pasen a manos privadas significa que se va a invertir el dinero recaudado en operaciones de mayor o menor riesgo, asumiéndolo por completo el “cliente” o trabajador.
Se trata de una senda que lleva directamente hacia la capitalización definitiva de las pensiones, es decir, a individualizar el ahorro para pagar nuestras propias pensiones.

Las pensiones en América

Chile como laboratorio de ensayo

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Como para tantas otras cosas, Chile ha servido como conejillo de indias en las estrategias económicas que luego se iban a implantar a nivel mundial. En este caso, el Estado Chileno, con el dictador Pinochet en el Poder, se decidió, de la mano de economistas y políticos de corte neoliberal, a implantar el sistema de pensiones de capitalización individual. Fueron pioneros en la ruptura total con el modelo anterior, que establecía un reparto de las recaudaciones procedentes de las rentas de los trabajadores.

En el año 1980 se crean las Administradoras de Fondos de Pensiones, que nos son más que empresas encargadas de gestionar el dinero recaudado a los trabajadores para devolvérselo en forma de pensiones. El modelo fue posteriormente adoptado por otros países, como Perú, México, Costa Rica, con algunas variaciones. Más adelante, con el hundimiento de los fondos de capitalización de pensiones en 2010, países como Argentina o Bolivia han recuperado el sistema Estatal antiguo.

Este modelo se ha visto muy cuestionado, no sólo por su claro concepto individualista, sino por su falta de eficacia real a la hora de proporcionar pensiones dignas a los trabajadores con menos recursos. Tanto es así, que el Estado acaba encargándose de quienes no llegan a completar pensiones mínimas, asumiendo por tanto un rol de beneficencia.

El viaje de vuelta del sistema de pensiones en Argentina

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En una parte de la zona sur del continente americano, lugar de experimentación en las políticas neoliberales, se está dando el viaje de vuelta hacia el sistema de reparto. En países como Argentina, se ha emprendido la contra-reforma. Así, el Estado toma de nuevo el control sobre la recaudación y mantiene la distribución bajo su mando. El dinero recaudado de los fondos de capitalización individual que se pusieron en funcionamiento, han ido a parar de nuevo a manos estatales, al Sistema Integrado Previsional Argentino.
La situación que vivimos a día de hoy en España, en Argentina ya la vivieron en la década de los ochenta. En esos momentos el sistema previsional argentino se encontraba en crisis y los planteamientos neoliberales se impusieron para solucionar el supuesto problema. Pero ese mismo sistema, gestionado a través de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, cayó en picado, víctima de las fluctuaciones en los mercados; o lo que es lo mismo, el dinero se fue a parar a manos de especuladores. Como bien sabemos, o al menos intuímos, los especuladores tienen nombres y apellidos y están muy vinculados al Poder estatal, por lo que al final todo queda en casa. La realidad es que el problema que hubo en los ochenta fue la mala gestión del sistema, propia del Estado, que no hacía más que chupar la sangre a los trabajadores, negándole los compromisos que contrajo con ellos. La promoción interesada de los sistemas de pensiones privados fue otro de los motivos del cambio. La realidad también es que el neoliberalismo no vino para solucionar nada, sino para seguir chupando la sangre de los trabajadores. Ahora el Estado recupera el control de un sistema que, además de darle Control Social, le otorga la posibilidad de meter la mano en la caja.

La opción mixta de EEUU

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A pesar de la idea y visión general de que en EEUU no existe la Seguridad Social, ésto no es del todo cierto. Sí existe un Sistema de Seguridad Social que cubre a las personas que no tiene recursos. A éstas personas les cubre el Old Age, Survivors and Disability Insurance System (OASDI), conocido comúnmente como “seguridad social” (Social Security). Es un sistema de simple supervivencia, que puede mantener a la población que reciba esta ayuda en la marginalidad. Por otro lado estaría la parte privada del sistema de pensiones. Éste se podría dividir entre el vinculado a la actividad laboral, en la que son los convenios colectivos los que marcan a qué aseguradora cotizarán los trabajadores, además de la propia aportación voluntaria a un seguro de vejez particular.

Esta opción mixta, tradicional en el país de las oportunidades, deja en la estacada a millones de personas, ya que como podemos intuir, la precariedad y temporalidad laboral no permiten al personal acceder a pensiones privadas en condiciones.

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[spoiler title=”Las pensiones en España hoy. Las últimas reformas”]

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Al menos hasta el día de hoy se conserva en el sistema de pensiones español la idea del reparto “solidario” de la recaudación; es decir, que la población activa mantenga a la población jubilada. Se trata de un sistema que tiene muchos años de existencia, pero al que por lo que parece le quedan pocos. Está basado en tres pilares: el pilar público contributivo, el que se ocupa de que la gente que está trabajando cotice para financiar las pensiones de los mayores; el pilar asistencial, estatal y a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, que cubre a las personas que no tienen acceso a una pensión normal; y el tercero, el privado, que se basa en las aportaciones voluntarias de las personas a planes de pensiones privados, que después serían devueltos en forma de pensiones a sus clientes, en caso de que generasen beneficio.

Como hemos visto, desde la Transición se vienen dando en el Sistema de Pensiones unos cambios que han estado preparando el terreno para asestar el golpe final al modelo de pensiones estatales actual. Con la excusa del futuro colapso del sistema, a la par que se cambiaban los parámetros de las cuantías, para reducir las mismas hasta niveles aceptables por el Estado, se establecían los incentivos fiscales para las pensiones privadas, preparando la salida de las cotizaciones de los trabajadores al mercado. Paralelo a la reforma propia del sistema de pensiones, se ha dado una política de bonificaciones en las cotizaciones sociales de la empresas, que han hecho que prácticamente los únicos que pagamos a la Seguridad Social somos los trabajadores.

Siguiendo los dictados del Banco Mundial, que ya estableciera en 1995, se avanza hacia un sistema que cambia un poco los tres pilares actuales: el pilar totalmente público, que cubriría la beneficencia; el pilar capitalizado, obligatorio y de gestión privada, y el pilar voluntario, complementario y de gestión privada. Se pretende, por tanto, pasar de un modelo de solidaridad intergeneracional a un modelo individual, que supondrá ahondar en las profundas desigualdades que a día de hoy padecemos.

Las últimas reformas se resisten aún a plantear claramente la ruptura con el actual sistema de reparto y pasar a un modelo de capitalización. Tanto la reforma del PSOE en 2011, como la del PP de 2013, han profundizado en la racionalización de la cuantía de las prestaciones para mantener el equilibrio presupuestario. Nos suena mucho a lo que se ha venido diciendo en otros países, que han cambiado completamente su sistema de pensiones. Estas reformas se traducen en: retraso de la edad normal de jubilación, para que acabemos jubilándonos a los 67 antes de 2027; cambios en la base reguladora para el cálculo de las pensiones, desde los 15 últimos años, hasta los 25 últimos años de trabajo; freno a las jubilaciones anticipadas y modificación de acceso a la jubilación parcial; avance de la edad de jubilación anticipada voluntaria, que llegará hasta los 65 años, edad de jubilación actual.

Todas estas modificaciones podrían tener dos objetivos: por un lado, reducir las cuantías de las jubilaciones, para sanear las supuestamente maltrechas arcas estatales; por otro lado, dejar las pensiones estatales en una situación que ningún trabajador desee, lanzándoles así al sistema de pensiones privado.

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[spoiler title=”Pensiones privadas y fondo de pensiones”]

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Capítulo aparte merecen las mentiras que nos cuentan desde el Estado y sus aliados capitalistas, con respecto a las pensiones privadas y al uso y financiación de los fondos de pensiones.

Por un lado, llevan acosándonos muchos años con la futura caída de las pensiones estatales y la solución de las pensiones privadas como la panacea. Lo que no nos dicen es que esos fondos privados no son más que un negocio lucrativo de los Bancos, que tienen unas condiciones muy restrictivas para sacar tu dinero. Finalmente, cuando llega el momento de cobrar tu pensión, es posible, debido a las fluctuaciones del mercado, que no puedas acceder a ella o que tengas que conformarte con unas migajas. Así ha sucedido con los fondos de pensiones privados de EEUU, que en 2006 registraron unas pérdidas cuantiosas. Además, los Bancos y Sociedades de Inversión piden desgravaciones fiscales para sus fondos privados, concediéndoles el Estado este beneficio para fomentar su negocio. Es curioso comprobar cómo se apuntan al carro de los fondos privados empresas como El Corte Inglés, que ha situado su división de negocios aseguradores en el puesto 44, dándonos una idea de lo jugoso que es el dinero que se mueve.

Por otro lado, cuando los distintos gobiernos nos dicen que apuestan por unas pensiones estatales, que lleguen a toda la población, pero reguladas para que sean viables, no están mintiendo a la cara. Prueba de ello es que en 2007 el gobierno socialista abrió el melón de la inversión de los fondos de la caja de las pensiones en bolsa, eso si, buscando inversiones de riesgo medio. Ésta propuesta fue defendida por el sindicalismo oficial, por lo que su discurso anti-privatización de las pensiones no nos lo creemos. Tampoco es lógico que nos planteen la reforma del sistema de pensiones, cuando el fondo de reserva sigue siendo de 63 mil millones de euros y este año 2013 sólo se ha utilizado un 5% para pagar a los jubilados, eso si, rebajadas.

Para finales de 2013 se está preparando una nueva reforma de las pensiones. Supondría un nuevo paso hacia la individualización del sistema. La Comisión de expertos a la que el Gobierno ha encargado realizar las recomendaciones, ha planteado que los futuros cambios giren en torno a tres Factores. El Factor de Equidad Intergeneracional propone reducir la cuantía de la pensión cuando aumente la esperanza de vida. El Factor de Revalorización Anual no tendrá en cuenta la subida de precios, sino los ingresos y gastos que se tengan que asumir, regulando así el posible déficit. El Factor de sostenibilidad es el que agrupa a los dos anteriores, y aseguran los expertos que es la única manera de solucionar un problema inminente, como es el que no haya dinero en la caja de las pensiones. A éstas reformas se le tiene que sumar el apoyo y fomento de las pensiones privadas.

El panorama de las pensiones en España se aproxima poco a poco al modelo que plantea el Banco Mundial. Se seguirá presionando para que los trabajadores nos lancemos a los brazos de las empresas en los asuntos de asegurar nuestra vejez. Se intenta cambiar el paradigma de la Caja Colectiva de las Pensiones hacia la Hucha individual de las pensiones. Comprobado está, por medio de los hechos, que ninguno de los dos modelos ha funcionado realmente, pues el verdadero problema son las desigualdades sociales, y éstas no se erradican ni dando limosnas, ni tampoco soltando algún billete de las repletas carteras de los hombres de Estado.

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[spoiler title=”Conclusiones”]

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Habiendo hablado de una parte del panorama mundial de los sistemas de pensiones, podemos hacernos una idea de hacia dónde caminamos en España, y podemos hacernos una idea general sobre la naturaleza de los cambios dados, ligándolos a la situación social en cada lugar.

La pelea se está dando entre dos modelos de sistema de pensiones. Los dos planteamientos tienen extremos opuestos, pero la visión estatista y la visión neoliberal llegan a acercamientos que benefician a ambas, salvándose la una a la otra en momentos determinados. El modelo de reparto parece estar volviendo a triunfar en Suramérica, de la mano de los países del MercoSur, mientras que el modelo de capitalización parece estar triunfando en Europa. El modelo que parece tener más posibilidades de sobrevivir es el que plantean el Banco Mundial: un sistema mixto de beneficencia, capitalización y pensiones privadas voluntarias… Y puede que sea ese el modelo elegido por los Gobernantes en España.
Es curioso ver a dictadores como Videla, que acaparan bajo su mando el control total del Estado, dejándose seducir por los postulados neoliberales para aplicarlos a las pensiones. También despierta sensaciones extrañas observar cómo el país supuestamente más democrático del mundo, EEUU, deja en la estacada a millones de personas por tener un sistema de pensiones estatal que no les asiste. También cabe destacar que tras un estallido de rabia social, como en Argentina, las aguas de las pensiones vuelven a su cauce y el Estado retoma las riendas del sistema de asistencia a la vejez. Esta situación nos da una idea de que un sistema de pensiones estatal tiene una gran utilidad como sistema de control social.

Desde los años de la creación del Estado de Bienestar, al que se atribuye el nacimiento de los sistemas de pensiones de reparto y “solidaridad”, se ha dado la siguiente cadena de acontecimientos: el Estado crea el sistema de pensiones; como los gobernantes y demás personas con poder dentro del mismo tienen el dinero a su alcance, roban, cada vez más. Tampoco prevén las fluctuaciones demográficas, y como están aliados con intereses privados que le están pidiendo paso, acaban por ceder ante las presiones neoliberales de privatización del negocio de las pensiones; el negocio se monta prometiendo la luna, pero a la hora de la verdad, el sistema financiero de las pensiones se cae; en este momento y para controlar cualquier estallido social, aprovechando para volver a tomar los mandos del Poder, los creadores del Estado de Bienestar vuelven a poner rumbo al Estado Social.

Conviene decir también que toda la propaganda con la que nos han bombardeado durante tantos años desde el neoliberalismo, es cuanto menos interesada. Puede ser cierto que las personas vivan más años y que por tanto la caja de las pensiones se vea mermada, pero el Estado tiene mecanismos suficientes, como ente omnisciente, para arreglar el problema. Tampoco es verdad que las pensiones privadas sean la panacea. Nos lo han demostrado en otros países, en los que sus sistemas han caído, arrastrando a un montón de personas y sus pensiones con ellos. Y es que si las fluctuaciones demográficas pueden suponer riesgo para un sistema de pensiones, lo supone mucho más las fluctuaciones del mercado. Si nos metemos en esas dinámicas para buscar pensiones más abultadas, vamos a perder seguro. Además, como hemos mencionado anteriormente, el peso de las cotizaciones para las pensiones ha ido recayendo cada vez más en los trabajadores, mientras los empresarios se desentendían de pagar las cotizaciones sociales.
Definitivamente, parece que vayamos hacia un modelo de sistema mixto: pensiones mínimas “garantizadas” por el Estado, que no cubrirán a una gran parte de la población, junto a pensiones privadas y fondos de capitalización, que serán rescatados cuando caigan, al igual que lo han sido ya muchos bancos, con el dinero que han sacado a los trabajadores en impuestos.

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[spoiler title=”El posicionamiento de la CNT frente a las pensiones”]

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Como hemos podido comprobar a lo largo de este texto, el sistema de pensiones que se pretende implantar en España es muy similar al que se ha implantado en otros lugares del mundo. Los problemas atribuidos al mal funcionamiento de un sistema de reparto, que se han ocupado de extender bien los neoliberales, han desequilibrado la balanza en Europa hacia los modelos de capitalización individual, todavía en transición. Éste supondrá un robo a mano armada del dinero que recauden con nuestras aportaciones, puesto que no hay garantías reales de recuperarlas en forma de pensiones y el riesgo cae solamente en nosotros.

La CNT se posiciona, como no puede ser de otra manera, en contra de la nueva reforma de las pensiones, por suponer un retroceso aún mayor en las condiciones de vida y laborales de la clase trabajadora. Los nuevos cambios en el sistema de pensiones nos obligarían a trabajar más años para poder cobrar una pensión mínima. Para la mayoría de nosotras, que no tenemos más remedio que seguir vendiendo nuestra fuerza de trabajo a otros para sobrevivir, supone estar más años al servicio de nuestros explotadores. También se reducirán las cuantías que recibiremos, por tanto nuestras condiciones económicas se verán mermadas. Vamos a tener que hacer más malabarismos todavía para llegar a fin de mes. No contentos con ello, se facilita el negocio de las pensiones privadas, rompiendo con la visión general que durante los años de Estado Social se tenía sobre el sistema de pensiones, como un servicio en lugar de como un negocio, suponiendo éste grandes riesgos y desigualdades. Con este panorama, ¿cómo no se va a oponer la CNT a la reforma de las pensiones? Ahora bien, nuestro planteamiento es diferente al que se puede escuchar o leer en otros medios. Desde CNT tenemos claras algunas cuestiones.

En primer lugar, un sistema que se pretende solidario con las persona, nunca puede venir de las manos de una entidad opresora y asesina, como es el Estado. Por tanto, no queremos que el Estado siga controlando las pensiones, preferimos tenerlas en nuestras manos. Ahora bien, con las pocas fuerzas que contamos y la mucha potencia que tiene el enemigo, es muy difícil salirse a día de hoy de su marcaje.

En segundo lugar, hay que prestar atención a cómo se financian las pensiones. Con cada reforma que se lleva a cabo se facilita que las empresas dejen de pagar cotizaciones para pensiones, recayendo la carga cada vez más en la clase trabajadora.

En tercer lugar, desde CNT tenemos claro que nuestro objetivo no puede ser lavar la cara a un sistema ideado desde la perspectiva del Control Social. Queremos cambiar la realidad, queremos cambiar ésta sociedad de clases por otra en la que la Solidaridad y el Apoyo Mutuo sean la tónica general de vida. En esa lucha, estamos seguros de que el Poder irá cediendo terreno y pretenderá comprarnos con aumentos de salarios, mejora de pensiones y otros servicios sociales…Si luchamos por cambiar el mundo, en el camino podremos obtener mejoras como la reducción de la edad de jubilación, el aumento de la cuantía de las pensiones y otras…y seguiremos peleando; si sólo luchamos por lavarle la cara al sistema para quedarnos como estábamos, nos costará mucho sacar los beneficios antes planteados, pero lo seguro es que si se consigue, la lucha se detendrá ahí, la gente se volverá a sus casas y habrá que pelear de nuevo para sacarles a la calle.

Por último, pero no menos importante, tenemos que tener siempre presente quién controla el sistema de pensiones a día de hoy. ¿Quién se encarga de su financiación, de otorgar los presupuestos para pensiones?¿Quién gestiona las ayudas a las prejubilaciones?¿Quién mueve las enormes cantidades de dinero que suponen las pensiones? Si la respuesta es el Estado y sus burócratas, habrá que pensar que el sistema de pensiones estatal tampoco nos vale.

Además, si en esta lucha pretendemos ir de la mano de cualquier clase de político, o de gente que nos plantee que hay que aprovechar los cauces legales, o que se pueden cambiar las cosas desde dentro, nos encontraremos seguro con que esos políticos se aprovechan de nuestro trabajo y nos dejan en la estacada en cuanto consigan una butaca en las instituciones del Poder. Nos están bombardeando desde los diversos Frentes Populares que se han abierto, planteándonos que esa es la mejor manera de luchar. Nos dicen que unidos en la lucha, todos mezclados, políticos y trabajadores, podremos obtener victorias. Pero reiteramos que la única unidad de lucha que nosotros deseamos es la que se da a pie de obra, en las oficinas, en el tajo, desde la clase trabajadora. Organizados, pero sin dirigentes, para que lo obtenido sea el resultado del esfuerzo, participación y decisión colectivas.

Hay que tener en cuenta que al parecer, el Estado de Bienestar está adelgazando mucho y es posible que continúe a dieta. Aunque siempre lo es, este parece buen momento para comenzar un proyecto colectivo y autogestionado, que parta de los valores de la solidaridad y el apoyo mutuo entre iguales, y dé solución a los problemas inmediatos, relacionados con la incapacidad de adquisición de los bienes básicos: vivienda, alimentación…En este sentido, la solución al problema de las pensiones puede perfectamente partir desde la comunidad. En no pocos lugares se están desarrollando proyectos que tienen esa finalidad, y que pese a contar con escasas fuerzas, están teniendo resultados positivos.

Desde la CNT entendemos que nuestra organización puede ser una plataforma perfecta para iniciar un proyecto de este calibre. Contamos con infraestructuras y con una organización, que aunque pequeña, tiene una gran implantación territorial. Contamos con un principio, que supone una ventaja: no participamos de las estructuras del Poder, por tanto no las necesitamos para llevar a cabo nuestros proyectos. Contamos con la fuerza que nos dan las ideas, arraigadas en la humanidad durante siglos y que aún no han sido capaces de erradicar.

A pesar de todo esto, tenemos que dejar clara una cosa: si no destruimos el Capitalismo, el Estado que lo sustenta y la Sociedad de Clases, todo lo que hagamos estará situado bajo la mirada del Poder, que siempre tendrá como objetivo aislarlo o destruirlo. Nuestra pretensión es que la clase trabajadora nos liberemos de la clase opresora. Para ello, debemos avanzar, creando conciencia sobre nuestra capacidad para organizar nuestras vidas, asentando en el camino formas organizativas válidas para la sociedad que queremos. Debemos caminar por una senda que mantenga la coherencia con nuestros fines, para poder llegar al destino deseado. Debemos, definitivamente, buscar pelear en cada rincón del barrio y la empresa, para asestar un golpe definitivo al Sistema en el momento que creamos oportuno.

Si lo tienes claro, si crees que hay que cambiar el mundo y estás de acuerdo con lo que decimos, sólo te falta dar el paso. Si crees que somos capaces de gestionar y resolver nuestros propios problemas sin ayudas, y de asegurar la vida digna a las personas mayores, estás en nuestra onda. Mientras te decides, estaremos en las tajos y en las calles, plantando cara a los recortes, en la medida que nos permitan nuestras fuerzas. Toma las riendas de tu vida, organízate y lucha.

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Más información: La CNT ante la nueva reforma de las pensiones