En los últimos días de abril se acercó a la asesoría del sindicato una trabajadora de la clínica Bichos. La trabajadora había sido despedida disciplinariamente estando de baja laboral por ansiedad y depresión por el exceso de trabajo al que estaba sometida. Tras ello, se trató el tema entre todas/os, incluida la trabajadora, en la asamblea y se acordó hablar con la empresa para comunicarle la apertura de un conflicto con el sindicato si no se solucionaba este caso laboral readmitiendo a la compañera despedida y respetando sus derechos.
El intento de diálogo y búsqueda de la mejor solución para todas las partes fue interpretado por la empresaria como un delito, al ser informada de que el sindicato, en caso de falta de acuerdo, aparte de la vía judicial podría utilizar la vía sindical (ambas legales). En esa misma conversación los dos compañeros le reclaman a la empresaria, que la trabajadora realizaba horas extras que no se le habían abonado (jornadas de 55 horas semanales durante un año y medio por el salario de 650 euros mensuales que corresponden a una jornada de 40 horas a la semana).
La información sobre las cantidades que la empresa adeuda a la trabajadora desencadena en una denuncia por un supuesto delito leve de coacciones, lo cual conlleva a la detención de los dos compañeros que transmitieron el mensaje de la asamblea a la empresa. Los compañeros estuvieron toda la mañana en los calabozos hasta que pasaron a disposición judicial, donde les fue tomada declaración para ser puestos en libertad con cargos.
A raíz de estos hechos se rompe el contacto con la empresa y comienza la acción sindical (piquetes informativos a las puertas de la clínica veterinaria, mesas informativas por diferentes puntos de la ciudad, etc.).
El 5 de julio se celebra el juicio de los dos compañeros por el supuesto delito de coacciones. El abogado de la empresa, no contento con esa catalogación, pide al juez que se considere un delito grave de extorsión, puesto que se han realizado acciones a las puertas de la clínica denunciando públicamente las condiciones en que mantenía a la trabajadora, incluso presentando un informe de una agencia de detectives. El juez desestima la petición del abogado. La posterior sentencia absuelve a los compañeros de responsabilidad penal por los hechos denunciados.
Tras el juicio, las acciones sindicales continúan, lo que lleva a la empresa a ponerse en contacto con la trabajadora y el sindicato a través de abogados, con el fin de llegar a un acuerdo. En dicho acuerdo, la empresa ya reconoce que ha sido un despido improcedente y el abono de las horas extras adeudadas, junto con la finalización de posibles denuncias por ambas partes.
El objetivo de nuestro sindicato, tanto en este caso como en todos, es doble: la construcción de una sociedad más justa y, a la vez, el reconocimiento de aquellos derechos concretos que sean vulnerados por parte de las empresas. El intento de criminalizar por medio de denuncias penales por parte de las empresas no frenará nuestra lucha contra la injusticia.
Nuestro sindicato no vive de subvenciones con las que nos puedan acallar. Para nosotros, la lucha de cada trabajador por una vida mejor y más justa, es la lucha de todos.
¡LOS DERECHOS SE CONQUISTAN LUCHANDO!