En los últimos días se ha hecho público algo que venía siendo un temor en los últimos meses, que la Universidad iba a dar la nota en la oposición para el cuerpo de auxiliares administrativos (C2). Se han venido acumulando una serie de despropósitos desde la convocatoria que han culminado en una auténtica vergüenza que ha supuesto la explosión de centenares de opositores.
El primer despropósito era el temario. Parecía un temario sencillo, pero venía con trampa. 14 temas que podían convertirse en 140 o 1400, como finalmente ha sido. La redacción de los enunciados parecía inocente, pero a la vista de los hechos se ha convertido en una auténtica triquiñuela para que el Tribunal pueda argumentar todo bajo el paraguas de la “discrecionalidad técnica”.
Pero, en nuestra opinión, esto no es casualidad. Un temario ambiguo interesa, genera dudas al opositor y hace aumentar las tasas de participación en academias. No es casualidad que CCOO y UGT ya intentaran sacar tajada desde un primer momento con este tema. Algo que es muy habitual en estas Organizaciones, tratar a los trabajadores y trabajadoras, en este caso en situación de oposición, como clientes; es lo que tiene haberse convertido en un sindicato de servicios, que todo tiene un precio.
El segundo despropósito ha sido la actitud del Tribunal en los meses anteriores al examen. A pesar de que en las Bases de la convocatoria no se recogía nada al respecto, el Presidente del Tribunal, por correo electrónico, y en respuesta a quien le consultaba, informaba que se tendría en consideración, cara al examen, en exclusiva la legislación en vigor hasta el último día de plazo para presentar instancia. Eso significaba que los opositores se veían en la tesitura de tener que estudiar legislación derogada y, por tanto, que no tenía ninguna validez; como por ejemplo el caso del Real Decreto 1892/2008 de acceso a la Universidad.
El tercer despropósito ha sido la falta de seriedad en las aulas; se ha dado información contradictoria, ha faltado rigurosidad y se ha demostrado desde un primer momento que no había intención de que fuera un proceso trasparente ni que respetara el trabajo que habían acumulado los opositores. Los exámenes venían sin precinto, no se había estudiado una fórmula para registrar la identidad del opositor en el formulario de respuestas, el personal de colaboración no había recibido apenas información sobre el proceso…
El cuarto despropósito es el examen. Un documento que no tenía por validez comprobar los conocimientos de los opositores, sino simplemente demostrar que el Tribunal, como es Dios, puede preguntar lo que le venga en gana, por muy rebuscado que sea. Y es que nadie en su sano juicio permitiría que alguien accediera al cuerpo de auxiliares administrativos sin conocer la disposición final vigésimo sexta de la Ley 1/2012 de ordenación económica de Castilla y León (pregunta 69).
Y el quinto despropósito son las chorradas y la falta de rigurosidad del Tribunal. En primer lugar dicen que no se puede sacar el cuadernillo de respuestas, con la absurda argumentación de que hay compañeras opositoras que puedan dar a luz y que iría en su favor que dispusieran del cuadernillo (como si, con este percal, no fuéramos a acordarnos de las preguntas y del Tribunal durante demasiado tiempo), finalmente lo publican en la web y lo intentan blindar con contraseñas.
En concreto, sobre las preguntas, somos de la opinión que no tiene sentido introducir cuestiones sobre el Convenio Colectivo del PDI o del PAS en una oposición de un personal que no va a regirse por ellos, salvo alguna excepción (preguntas 14, 17, 46 y 85). Tampoco creemos que tenga sentido que se pregunten aspectos de legislación que quedan claramente fuera del temario. Si la Universidad cree que debemos manejar la Constitución en su totalidad, la Ley 30/1992 en su totalidad, o las Bases de ejecución presupuestaria, no tiene más que incluirlo claramente en el temario. En total creemos que de las 85 preguntas hay motivos para impugnar, al menos, 22 preguntas, lo que significaría que el examen ya no cumpliría las bases de la convocatoria y sería nulo.
Nosotros y nosotras vamos a impugnar, y lo vamos a hacer a título individual. Intentaremos colaborar con todo aquel que quiera hacerlo a través de nuestro correo electrónico (salamanca@cnt.es o seccionsindicalcnt@usal.es). Animamos a todos y a todas a impugnar.
Nuestra intención es que se anulen todas las preguntas que no correspondan, y somos de la opinión de que lo más adecuado sería que el examen volviera a repetirse, a pesar de que nos encontramos en un proceso tan viciado que difícilmente podrá arreglarse a estas alturas.
La Universidad, una vez más, ha quedado al descubierto como lo que es. El negociete de unos pocos que siguen pretendiendo erigirse en guías de la sociedad y no son capaces de hacer nada en condiciones. Esta vergüenza de proceso está muy lejos de costar los 31 euros que nos han cobrado.